En la calle, por la universidad pública.

A diez años de la creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), los estudiantes y docentes reclaman la normalización definitiva de la institución y condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje. La significación de la lucha no se reduce a las condiciones de existencia de la Casa de Estudios, sino que trasciende esa demarcación ya que se reivindica la totalidad educación pública, laica y popular, ante los avances de la mercantilización del saber.



El conocimiento permite a los sujetos emanciparse, por lo que cumple una función política. En la antigua Grecia existieron La Academia y El Liceo, como instituciones de estudio y en el desarrollo de la historia occidental surgieron diferentes escuelas por el amor a la sabiduría y por la necesidad de tener una instrucción técnica sobre cuestiones ónticas. En el siglo V se cerró La Academia platónica y el aprendizaje formal se centró en los monasterios, pero en el siglo XI se configuró una nueva institución europea: la universidad.
El surgimiento de las denominadas universidades va acompañado por la aparición de la burguesía, que se organizaba por medio de asociaciones, que permitieron corporaciones autónomas. En Argentina, la primera universidad se fundó en Córdoba en 1614 y en esa misma ciudad se impulsó la reforma universitaria que consiguió, con la lucha de los estudiantes, la modificación de las estructuras, contenidos y objetivos. En 1966, los bastones largos golpearon las universidades y desde entonces, por medio de violencia directa o políticas de Estado, las Altas Casas de Estudios públicas sufren los avatares de un modelo económico que pretende mercantilizar la educación, restringiéndola valores de uso y cambio.
En el 2000, los institutos terciarios entrerrianos se unificaron y surgió la UADER: “Su origen fue parte de una plataforma electoral del radicalismo, implementada por un gobierno que decía defender la educación pública por un lado, pero que por otro, dejó a muchos docentes entrerrianos sin cobrar durante muchos meses”, explicó a Barriletes Emiliano Ríos, quien integra el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.
“Luego del gobierno de Sergio Montiel, que dio origen formal a la institución, el Partido Justicialista continuó con la intervención de la universidad y la transformó en una unidad básica, incluyendo en ella a muchos afiliados del partido, sin haber rendido concursos ordinarios que garantizara la idoneidad en el cargo a ocupar”, apuntó Emiliano, quien aseguró que actualmente el mismo sector político “continua interviniendo la universidad por mandato del gobernador de turno que es quien elige a las autoridades”.
Sin embargo, aclaró que existe “un sector de docentes y estudiantes que lucharon y luchan por defender la educación pública”, y recordó que en el 2004 cuando se quisieron cerrar las licenciaturas comenzó a escucharse muy fuerte ‘la UADER no se vende, se defiende’, y las licenciaturas continuaron como carreras dentro de la universidad.
Pero la pugna no concluyó allí, en el 2007 se tomó el rectorado durante 49 días “para exigir que el ingreso sea mediante concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, premisa consagrada en la reforma del ´18”. Tras marchas, construcciones discursivas que criminalizaban a los estudiantes y docentes que llevaron adelante el acontecimiento, organismos nacionales intervinieron en el conflicto y se acordó iniciar el proceso de normalización, para lograr la autonomía universitaria.
A diez años de gestada la Casa de Estudios, la normalización aún no concluyó y los claustros no dejan de movilizarse, ya que actualmente reclaman un edificio propio, “algo básico para cualquier institución”, enfatizó Emiliano, quien manifestó que la esta pugna con los gobiernos no es aislada: “Es a nivel nacional, porque los gobernantes dicen defender la educación pública pero no se invierte presupuesto en ella, todo queda en el discurso”.
“Consecuentemente, seguimos articulando con diferentes sectores para continuar en la lucha, después de lo que fueron las primeras clases públicas y la movilización a Casa de Gobierno”, afirmó el estudiante, quien explicó que esta metodología de acción es para develar las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza superior entrerriana.
En sus comienzos la lucha fue por sostener las licenciaturas, luego por el inicio del proceso de normalización y actualmente por condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. Sin bien los reclamos se presentan en momentos diferentes, son parte de un solo discurso: la defensa irrestricta de la educación pública, como una herramienta en la formación de la ciudadanía.

La educación como mercancía
Sobre la educación universitaria hay dos artículos que fomentan la “ilustración” de los argentinos y argentinas en la Constitución Nacional.
En el capítulo cuarto, artículo 75, punto 18, se liga sintácticamente la ilustración y la universidad -la educación- con los conceptos de capital, concesiones, privilegios y recompensas, para la “prosperidad del país”.
Además, en el punto 19 del artículo 75, se establecen premisas que obligan al Estado a garantizar la gratuidad, equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Tales principios no fueron respetados por los legisladores que dictaron la Ley de Educación Superior (LES), ya que la autarquía y la autonomía de las universidades fue avasallada por el Poder Ejecutivo y la gratuidad de la educación fue olvidada, al reconocerla como mercancía, debido a que la autorización de emprendimientos privados en la enseñanza superior, puso en jaque el desarrollo de las Altas Casas de Estudio públicas, que deben competir con las privadas.
Para sostener el sistema de acreditaciones establecido por la LES y fomentarlo, desde los discursos oficiales se habló de la internacionalización de la educación, por lo que actualmente existen parámetros de competencia y excelencia académica evaluados por comisiones que no analizan cómo se produce el conocimiento, sino que evalúan la carga horaria, planes de estudios y la funcionalidad de la producción de saberes para la venta de éstos al Estado o empresas privadas.
En este marco, se dan las luchas locales por sostener las universidades públicas y se abre la puerta para debatir la LES y el modelo de educación que se quiere para la Nación.

Bibliografía:
Silvia Barco. Aportes para el debate sobre la ley de educación superior y las políticas de acreditación. Una mirada macro y micro política.
Manifiesto preliminar de la reforma universitaria. Córdoba 1918.
Arturo López Dávalos. Las Universidades y el perfil exportador.
Pablo Tovillas. Internacionalización de la Educación Superior: Continuidades, rupturas y desafíos.

Destacadas:
“Seguimos articulando con diferentes sectores para continuar en la lucha”
“Existe “un sector de docentes y estudiantes que lucharon y luchan por defender la educación pública”.

Fuente: Barriletes de Julio. Renzo Antonio Righelato.