Una masiva marcha se realizó este miércoles en Paraná a 34 años del golpe cívico militar argentino de 1976. La manifestación comenzó en el monumento a la Memoria, ubicado en plaza Sáenz Peña y concluyó con un acto en la plaza Alvear, donde se leyó un documento que rescató el avance en las cusas de derechos humanos, apeló a la unidad, reiteró el pedido de juicio al genocida Juan Carlos Ricardo Trimarco, respaldó medidas del gobierno nacional y advirtió la estrategia de la criminalización de la pobreza y las luchas sociales.
Concentradas las organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, políticas y gremiales, y con el acompañamiento de cientos de ciudadanos y ciudadanas sin filiación a grupos de militancia social, la multitud marchó hasta la II Brigada del Ejército, en calle 25 de mayo, donde se realizaron pintadas en repudio a los militares que operaron desde ahí para torturar y desaparecer a entrerrianos.
La segunda parada fue en la catedral, donde estudiantes alzaron carteles que acusaron a la iglesia católica de colaborar con la coerción de Estado.
La última parada fue frente a la placa instalada en plaza Alvear que recuerda a los desparecidos en la dictadura, donde se leyó un documento que aseguró que hace unos pocos años atrás el juicio y castigo se presentaba como un sueño y hoy es una realidad: “Una realidad compleja y difícil, que avanza si estamos unidos y en la calle, exigiendo al poder judicial que cumpla su deber histórico”.
Además, se solicitó que se lleve a juicio a Juan Carlos Ricardo Trimarco, “que tanto hizo para infundir el miedo y terror, ya que fue el mayor responsable del genocidio en la provincia y sigue impune y sin dar respuestas”.
Más allá de la situación Trimarco, desde la Multisectorial se afirmó que “se puede romper con la impunidad”, pero se aclaró: “ahora es el turno del Poder Judicial para llevar a cabo el Juicio y Castigo. Y ese tiempo es ahora. Ni una dilación más. Las demoras sólo redundan en impunidad”.
Respaldo al gobierno nacional y reivindicaciones locales
"Denunciamos la manipulación de una escalada represiva que cabalga sobre el legítimo deseo de seguridad pública de muchos sectores de la sociedad. Maniobra de facciones retrógradas que esencialmente buscan la criminalización colectiva de los más pobres y de las luchas sociales”, aseguraron.
Por otro lado, reivindicaron la decisión del gobierno nacional de generar la asignación universal por hijo”, y aclararon que es necesario “seguir avanzando en políticas universales inclusivas: trabajo para todos, sueldos dignos y medidas complementarias destinadas a los jóvenes que hoy no tienen ocupación”.
También se repudió la política del gatillo fácil y la posibilidad de que se concrete la baja de la edad de imputabilidad: “Hay que desmantelar el legado del Estado terrorista y consolidar uno democrático, al servicio del pueblo, justo y garante de la protección de los derechos humanos integralmente”.
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