Tenemos que defender la comunicación como derecho humano

Hay que sostener la comunicación como un derecho humano y promover la soberanía comunicacional.  Dejar sujeta al libre mercado la generación y distribución de la información atenta contra la democracia. La información es un bien público, por lo que se debe proteger su producción y esto debe alcanzar a los medios privados, públicos y autogestivos.

 

Ante el neo-imperialismo tecnológico del capitalismo de vigilancia y los avances de la derecha en el país -que demoniza a comunicadores, pequeños medios y organizaciones sociales, que gestionan microemprendimientos comunicacionales-  es trascendental que los trabajadores y trabajadoras de la prensa sentemos posiciones claras.

El escenario es distópico. La educación, la salud y la comunicación devienen meras mercancías producto del espíritu de época capitalista que avanza en profundizar la desigualdad. El programa está en marcha a nivel global y Argentina resiste, como puede, los embates. Pero el escenario se oscurece cada vez más. El avance de los reaccionarios de derecha podría profundizar la destrucción de derechos trascendentales que el Estado debe garantizar.

En ese marco, el debate por el derecho humano a la comunicación queda opacado, en un segundo plano, pero no por ello es menos fundamental su discusión.

Para sostener la comunicación hay que afirmar que la comunicación es un derecho humano que el Estado debe proteger. El derecho a la comunicación es el acceso a la información y al conocimiento, sin someterse a Leyes del mercado y permitiendo la libre expresión y para ello el Estado debe proteger su producción y esto debe alcanzar a los medios privados, públicos y autogestivos.

Para avanzar hacia una soberanía comunicacional (que implicaría un nuevo mapa de medios) tenemos que abrir profundos debates que hoy están en un largo letargo por intereses corporativos.  La comunicación hoy enfrenta varios problemas: su financiamiento (sobre todo), su promoción, los intentos de colegiación, la concentración en la generación de contenidos y el monopolio en su actual distribución.

Ante el capitalismo de vigilancia, donde la experiencia queda subyugada por mecanismos de merado (donde hay un disciplinamiento controlado y una permanente disputa de sentido sobre la construcción de la subjetividad) el Estado debe sostener y promover los pequeños medios de comunicación, los medios públicos y los autogestivos.

Durante el kirchnerismo se implementó una clara política pública con la Televisión Digital Abierta y de promoción de medios de comunicación sindicales, universitarios y de organizaciones sociales, pero, también, se persiguió a quienes pensaban distinto. El gobierno de Mauricio Macri, al igual que el kirchnerismo, intentó callar ahogando a los medios y comunicadores cerrando el grifo publicitario y modificando por Decreto la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, en los artículos que evitaban la concentración.

En la actual gestión nacional no hay una política de medios calara y en Entre Ríos no hay un solo proyecto de promoción y protección de medios de comunicación locales, sino que quedó claro en la campaña política que la mayoría de los candidatos prefieren la publicidad y propaganda de las redes sociales a estimular y acompañar a empresas locales.

Ahora, algunos legisladores hablan de proyectos que presentarían antes de irse (de una regulación de la pauta oficial), pero esas iniciativas naufragarán si no se plantean en el marco de una política acabada que hable de la promoción de la comunicación como derecho humano.

El debate sobre la comunicación como derecho humano se inscribe en una discusión más compleja, ante el avance de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (Tics) y el impacto en la construcción de subjetividades de las grandes corporaciones a través de las redes.

Ante esa trama, los empresarios, universidades, trabajadores, funcionarios y legisladores deben sentar las bases para que la comunicación, sea también, una cuestión de Estado y no de publicidad y propaganda.